En las últimas décadas muchos gobiernos occidentales se han visto forzados a reconsiderar la organización de los servicios públicos debido, entre otras razones, a la escasez de recursos económicos, situación que se ha acentuado desde 2008. La búsqueda de nuevas formas de gestión pública ha implicado la colaboración en diferentes niveles del sector privado, dando lugar cada vez más a diversas fórmulas como los consorcios públicos privados (CPP). Mientras que algunos opinan que los consorcios públicos privados solamente ofrecen ventajas para la administración pública, otros opinan lo contrario y advierten que los consorcios públicos privados pueden poner en peligro principios de buen gobierno, valores públicos y la capacidad regulatoria del estado. El objetivo de este panel es unir contribuciones empíricas en los que se estudian las implicaciones del uso de consorcios públicos privados en estos términos.
